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Por convenio, todo funcionario tiene derecho a una serie de permisos y licencias. No deben confundirse en ningún momento con el periodo de vacaciones retribuidas de los que también gozan. Los permisos y licencias de los funcionarios permiten que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo durante un tiempo determinado para atender sus quehaceres. El Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula en sus artículos 48 y 49 los distintos tipos de permisos y licencias de los empleados públicos. A continuación repasamos brevemente en qué consiste cada uno.

Diferencias entre los permisos y licencias de los funcionarios

Cabe señalar la sutil diferencia que existe entre los permisos y licencias de los funcionarios públicos.

Por un lado, los permisos son autorizaciones que el empleador, en este caso la Administración, concede a sus trabajadores para que puedan ausentarse durante un tiempo determinado de su puesto de trabajo. Por otro, las licencias son un tipo de permiso cuya concesión implica la interrupción temporal del contrato laboral.

Sin embargo, a día de hoy la distinción entre ambos conceptos es un tanto difusa. De hecho, suelen utilizarse indistintamente, para el matrimonio, por ejemplo.

¿Cuáles son los principales permisos y licencias para los empleados públicos?

Cada permiso o licencia presenta unas peculiaridades propias en cuanto a retribuciones del personal funcionario se refiere. Es importante asegurarse de cuál será la deducción que te aplicará la Administración en cada caso. Te explicamos los principales permisos y licencias de los funcionarios públicos.

1. Por motivos de salud

• Por fallecimiento, enfermedad grave o accidente de un familiar: 2 o 3 días hábiles, según el parentesco, si es en la misma localidad; 4 o 5 si requiere desplazamiento.
• Por hospitalización de hijos prematuros o que deban permanecer en el centro tras el parto: máximo de 2 horas por jornada.
• Para cuidar de menores de 12 años, discapacitados, personas mayores o familiares directos por edad, enfermedad o accidente: posibilidad de reducción de jornada.
• Para asistir a un familiar de primer grado por enfermedad muy grave: posibilidad de reducir la jornada laboral hasta el 50% durante máximo un mes. Si varias personas soliciten el mismo permiso, el tiempo se repartiría de forma proporcional entre ellos.
• Para ir al médico: el tiempo indispensable.
• Por enfermedad sin baja: 4 días al año, no más de 3 días consecutivos.

2. Motivos relacionados con el embarazo o los hijos

• Para asistir a exámenes ginecológicos y preparación al parto: el tiempo indispensable.
• Permiso por embarazo: desde la semana 35 si es múltiple, de la 37 si no, hasta el parto.
• Permiso por lactancia de un hijo menor de un año: 1 hora al día que se podrá repartir en dos sesiones. Canjeable por una reducción de jornada o por jornadas completas.
• Permiso por maternidad: 16 semanas, 18 si se trata de un parto múltiple.
• Permiso por paternidad: 4 semanas ininterrumpidas y 2 días más por cada hijo a partir del primero.

3. Otros motivos

• Para participar en actividades sindicales.
• Para presentarse a exámenes oficiales: el día de realización.
• Para asistir a cursos formativos relacionados con el puesto de trabajo: un máximo de 40 horas por año.
• Por cumplimiento de un deber personal o público ineludible: el tiempo indispensable.
• Asuntos propios: 6 días por año, aunque aumentan según la antigüedad.
• Por matrimonio: 15 días naturales.
• Por traslado de domicilio: 1 día.
• Licencia no retribuida: un máximo de 3 meses cada 2 años.
• Víctimas de violencia de género y de terrorismo: reducción de jornada y flexibilidad horaria.

De forma general, tendemos a considerar que los funcionarios son unos privilegiados porque cuentan con un puesto de trabajo asegurado para toda la vida, además de otros beneficios que solemos relacionar con esta condición. Y, sin que haya nada incierto en este planteamiento, lo cierto es que todos los tipos de empleados públicos también están sujetos a un estricto régimen de obligaciones. Así, repasemos las líneas principales en lo relacionado con los derechos y deberes de los empleados públicos. ¿Preparado/a?

Derechos de los funcionarios

Probablemente esta es la parte más conocida, aún así dejamos señalados algunos de los derechos de los funcionarios públicos que pueden ser más desconocidos:

• No discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social
• Respeto a su intimidad personal, a su propia imagen y a su dignidad en el trabajo
• Inamovilidad de su condición de funcionario
• Desempeño de tareas propias de su categoría profesional y de la evolución de su carrera
• Progresión de carrera profesional y promoción interna de los funcionarios
• Formación y actualización continua, preferentemente en su jornada laboral
• Retribuciones e indemnizaciones por servicio
• Ser informado por sus superiores de los objetivos de su unidad y participar en su consecución
• Ser defendidos jurídicamente de las consecuencias que puedan derivar del ejercicio de sus funciones
• Adopción de medidas para la conciliación laboral y familiar.

A estos se añaden los comunes a cualquier trabajador, tanto los personales (salario, vacaciones, jubilación…) como los colectivos (sindicación, asociación, reunión, huelga…) con las especificidades que se recojan en la legislación propia.

Deberes de los funcionarios

En el apartado de los deberes, hay dos vertientes: los que se refieren a asuntos estrictamente relacionados con el régimen disciplinario y el llamado Código de Conducta, un conjunto de principios éticos y de conducta recogidos en el TREBEP (artículos 53 y 54). Están obligados a:

• Desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales del Estado
• Observancia y supeditación a lo que dicta la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico
• Actuar según los principios de objetividad, integridad, responsabilidad, neutralidad, imparcialidad, transparencia, ejemplaridad, eficacia, honradez y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
• Respeto a los principios de no discriminación por ninguna circunstancia social o personal
• Deben abstenerse de tratar cualquier asunto en el que tengan un interés personal o que afecte a personas u organismos con los que mantengan una relación directa o familiar.
• No contraer obligaciones económicas con entidades o individuos en las que se pueda generar un conflicto con los intereses generales o sus funciones.
• Prohibición de recibir trato de favor o algún privilegio como consecuencia de sus actuaciones o decisiones tomadas en el ejercicio de su puesto de trabajo.
• No pueden acelerar gestiones o influir en su tramitación cuando se ven implicados ellos mismos o personas e instituciones afines. Tampoco cuando se ven menoscabados los intereses de terceros.
• Se guardará secreto sobre asuntos clasificados como reservados o cualquier información cuya difusión esté prohibida legalmente. La discreción debe ser un principio de su actuación general para preservar los posibles intereses de terceros o perjudicar los generales.

Estas son las bases que deben regir la forma de enfrentarse a sus responsabilidades de todos los empleados públicos, ajustándolas a su grupo de clasificación profesional del personal funcionario. Se completan con estos principios rectores:

1. Respeto en la atención que se de a ciudadanos, superiores y compañeros.
2. Diligencia en sus tareas, cumpliendo sus horarios y jornadas laborales
3. Obediencia a las instrucciones dadas por sus superiores, salvo en los casos en los que incurran en una infracción
4. Se proporcionará la información requerida a los ciudadanos en los asuntos que tengan derecho a conocer
5. No se aceptará ningún regalo o favor que supere los de los usos de cortesía o sociales

En este extracto figuran los derechos y deberes de los empleados públicos que deben tener siempre presentes.

No todas las plazas de empleo público se resuelven con la publicación de la lista de aprobados. En determinadas situaciones, los candidatos deben superar un periodo de prueba, según recoge el TREBEP, como parte del proceso para garantizar la racionalidad y objetividad de estas selecciones de personal público. Es interesante que se conozcan los derechos de los funcionarios en prácticas, para que no haya irregularidades.

Una primera precisión muy importante. Aunque hablemos de funcionarios en prácticas, estos no adquieren el estatus de funcionarios de carrera hasta que hayan superado ese periodo de prueba. Sólo entonces es cuando se procede a su nombramiento, que como recordamos, es uno de los requisitos imprescindibles para convertirnos en funcionarios.

Hasta aquí todo parece bajo control. Uno de los derechos que se adquieren es el de formar parte de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Sin embargo, hay determinadas cuestiones que son objeto de polémica legal, más en los casos en los que los funcionarios en prácticas son personas que ya tienen la condición de funcionario de carrera en una administración distinta. Cuestiones tan básicas como las retribuciones o los trienios están en el foco de esta confusión. Vamos a intentar que se aclaren estos términos.

La antigüedad de los funcionarios en prácticas

El punto de partida de quienes reivindican el máximo de derechos para los funcionarios en prácticas mientras detentan esta condición, es que se trata de favorecer y potenciar el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios públicos. Por tanto, no se les pueden negar o suspender avances que ya tenían consolidados en el caso de los que ya pertenecían al cuerpo. Ni limitar los de quienes realizan ese trabajo, al menos durante el tiempo que lo hagan.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en su última modificación de 2015, establece que la antigüedad sí computa desde el primer día que se ejerce como funcionario en prácticas. Quienes provengan de otra administración tendrán derecho, además, a la retribución de los trienios que tengan reconocidos. Pero, dado que el tema de las retribuciones es más complejo, mejor extendernos en él.

Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Al igual que indicábamos con la antigüedad y los trienios, las retribuciones que les corresponden según el TREBEP a los funcionarios en prácticas será las equivalentes, en sueldo y pagas extraordinarias, a las que correspondan al grupo de empleados públicos en el que esté clasificado el cuerpo o escala al que aspiran. Si las prácticas implican el desarrollo de un puesto de trabajo, irán incluidos todos los complementos salariales que vayan asociadas a ese puesto.

En el caso de los funcionarios de carrera que provienen de otra administración, durante el tiempo que ejerzan como funcionarios en prácticas pueden optar por percibir la retribución de ese puesto, más los trienios que tengan consolidados, o elegir seguir cobrando las correspondientes al puesto que desempeñaban antes. Eso sí, la decisión la deben comunicar al comienzo del periodo de prácticas. Además, se reincorporarán a su destino de origen hasta que se produzca la toma de posesión en el nuevo.

Y, ¿qué pasa cuando termina el periodo de prácticas? Pues se pueden dar estas tres situaciones:

• Los que superen el periodo en prácticas que sean nombrados funcionarios de carrera siguen percibiendo las mismas retribuciones hasta la toma de posesión de su plaza definitiva.
• Los que han superado las prácticas pero están en expectativa de nombramiento, dejan de cobrar en concepto de funcionario en prácticas.
• Quienes no superen el curso selectivo dejan inmediatamente de recibir ninguna retribución. En caso de volver a incorporarse en el futuro a otras prácticas se volverán a tener la retribución que les corresponda.

Estas son las líneas generales en lo que se refiere a las principales dudas sobre los derechos de los funcionarios en prácticas.