News

En alguna ocasión anterior hemos señalado la importancia del Estatuto Básico del Empleado Público como norma esencial que regula derechos, obligaciones y otras condiciones relacionadas con el estatus de los funcionarios de carrera. Para quienes forman parte de este colectivo o los que quieren estudiar para ser funcionario, no cabe duda de que dominar temas como el de las situaciones administrativas de los funcionarios públicos es clave.

¿No te dice nada esa expresión? Es la forma de referirse a las distintas situaciones que pueden darse manteniendo la relación entre el funcionario y la Administración. Estas diferentes posibilidades vienen recogidas en el artículo 85 del TREBEP y son: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La manera más visual de tener una noción de este tema es mediante un esquema-resumen como el que te presentamos a continuación.

Cuadro resumen de las situaciones administrativas de los funcionarios

Estas son las distintas situaciones administrativas en las que puede encontrarse la carrera profesional de un funcionario a lo largo de sus años laborales, con sus principales características:

1. Servicio activo

Se puede definir como la situación de “normalidad” de un funcionario con destino en cualquier Administración u organismo público y sin que le corresponda estar en otra situación. Se adquiere superando el proceso selectivo, el nombramiento y la toma de posesión de los funcionarios públicos. Disfruta de todos sus derechos y está sujeto a todas las responsabilidades derivadas de su condición. Todos estos aspectos se recogen en el Artículo 82.1 y 82.2 del citado Estatuto.

2. Servicios especiales

Relacionados con los nombramientos llamados de confianza política. El funcionario desempeña temporalmente un alto cargo en una institución pública u organismo internacional.

Algunos de los supuestos habituales son: incorporación al Gobierno o a los autonómicos o locales; ser miembros de instituciones de la UE u otras organizaciones internacionales; formar parte por más de 6 meses de misiones o programas de organismos internacionales o de cooperación; adscripción al servicio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o Tribunales de Cuentas; nombramientos como diputados, senadores o miembros de asambleas legislativas si perciben retribuciones…

Durante el periodo que desempeñen esa función computan a la retribución del personal funcionario sus ascensos, trienios y otros derechos, mientras su salario será el del cargo que ocupan. Cuando finalicen, deberán ser reincorporados al servicio activo en su localidad, condiciones y retribuciones que tengan consolidados. Más detalles en el Artículo 87 del TRLEBEP.

3. Servicios en otras Administraciones Públicas

Por necesidades de organización son transferidos a una administración distinta a la obtenida en su oposición. No tienen plazo máximo de mantenimiento en este destino, a veces pueden incluso acabar integrados en esa otra plaza. El tiempo que estén trasladados computa como de servicio activo en su cuerpo de origen. Regulado en el Artículo 88.

El Artículo 89.1 que regula este supuesto, señala 5 modalidades:

• Por interés particular
• Por agrupación familiar
• Por cuidado de familiares
• Por violencia de género
• Por violencia terrorista

Tienen sus propias condiciones específicas, pero en general se trata de una situación en la que no se cobran retribuciones y no suele haber derecho a la reserva del puesto, salvo los supuestos las víctimas de violencia de género o terrorismo. La duración oscila entre los dos y los tres años.

4. Suspensión de funciones

Como consecuencia de la potestad disciplinaria de la Administración, cualquier funcionario puede ser retirado del ejercicio de sus funciones y de los derechos que estas reportaran de forma temporal (con un tope de 6 años) o permanente, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Si es de más de 6 meses, conlleva la pérdida del puesto de trabajo.

Este es el resumen a grandes rasgos de las situaciones administrativas de los funcionarios públicos, aunque se trata de un asunto que por su complejidad resulta bastante más extenso.

Trabajar para la Administración Pública tiene ciertas ventajas, al menos entendemos que todos los que están esforzándose en la preparación de unas oposiciones tienen clara esa idea. Pero también existen contrapartidas, en el sentido de que hay limitaciones. Uno de los temas más delicados y serios es el de las incompatibilidades de los funcionarios públicos, dadas las consecuencias que puede acarrear.

Las incompatibilidades que afectan a los empleados públicos se refieren a la imposibilidad legal de compaginar las actividades propias de su puesto con otro trabajo, cargo o actividad, tanto si se hace en modo de sustitución o de titular. Esta limitación se extiende al sector público y al privado, si bien es cierto, que las leyes que lo regulan señalan ciertas excepciones.

Incompatibilidades de los funcionarios en el ámbito público

Una vez que sabemos de lo que estamos hablando, vamos a hacer un repaso por las líneas generales que recogen las distintas normativas sobre incompatibilidades del funcionariado. El baremo que orienta esta legislación es el principio de dedicación que debe exigirse a todo tipo de empleado público. Presta especial atención.

En el caso de una segunda actividad en el sector público es que no son compatibles dos cargos, ni como titular del puesto, ni como sustituto. Sin embargo, bajo la obligación de que se autorice por la autoridad competente y cumpliendo dos requisitos (que no se modifiquen los horarios y las jornadas laborales de ambos puestos, ni se afecte al cumplimiento de sus deberes), estas son las excepciones que permiten una compatibilidad:

• Cuando por su trascendencia, el Consejo de Ministros o Gobierno autonómico considere esa segunda actividad de interés general
• Profesores universitarios asociados en régimen de dedicación que no supere el de tiempo parcial, limitando la duración de esta segunda actividad.
• Actividades de investigación o asesoramiento, de carácter temporal y para supuestos muy concretos.
• Miembros electos para las Asambleas autonómicas o Corporaciones Locales, en las situaciones que permitan sus respectivas leyes. Sólo se podrá cobrar el salario de una de las dos actividades.

Incompatibilidades de los funcionarios en el ámbito privado

En lo relativo a actividades en el sector privado, también se parte del principio que no se pueden combinar simultáneamente dos trabajos o responsabilidades. Las incompatibilidades específicas de los funcionarios son:

• En asuntos en los que se esté interviniendo, se haya intervenido en los dos últimos años o se vaya a intervenir desde su actividad como empleado público.
• La pertenencia a Consejos de Administración o puestos directivos de empresas cuya actividad esté directamente relacionada con cualquier administración, organismo o institución público.
• Si ese funcionario, o mediante persona interpuesta, realiza actividades de empresas, contratistas, concesionarios o administradores con avales o participación pública.
• No pueden ser titulares de participaciones de capital superiores al 10% en empresas concesionarias, arrendatarias, administradoras o contratistas de monopolio estatal o con participación de cualquiera de las administraciones del estado.

Por el contrario, quedan fuera del marco de las incompatibilidades del funcionario, las siguientes situaciones:

• Actividades derivadas de la gestión del patrimonio personal o de la familia.
• Actividades relacionadas con cursos o conferencias enfocados a la carrera profesional del funcionario, que no superen las 75 horas anuales.
• Participación en tribunales calificadores de procesos de selección de personal para las distintas administraciones públicas.
• Docentes que participen en exámenes o pruebas a parte de las que les competen por su puesto, siempre que cumplan los requisitos en sus correspondientes normativas.
• Ser presidentes, vocales o miembros de mutuas o patronatos, mientras no sean puestos retribuidos.
• Publicaciones artísticas o científicas que no tengan relación con sus servicios como funcionario.
• Participación de manera puntual en programas o debates en medios de comunicación.
• Colaboración con seminarios o cursos de carácter profesional.

Para consultas más específicas sobre las principales incompatibilidades de los funcionarios públicos, lo mejor es remitirse a la normativa que regula el régimen estatutario de los empleados públicos.

Puede que nunca lo hayas visto desde este punto de vista, pero ser funcionario público es una de las formas que los ciudadanos tenemos de participar en las instituciones públicas, de poner nuestro granito de arena en la defensa de los intereses generales. De ahí, que tener un empleo público sea un derecho y se tenga que garantizar que todos entremos a formar parte de este colectivo bajo las mismas premisas. Así pues, ¿cuáles son los principios que rigen el acceso a la función pública? Los vemos sin más demora.

Sólo refrescar que tanto en la Constitución (Artículo 103), como en el Estatuto Básico del Empleado Público (Artículo 55) se especifica que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público siempre que se respeten los principios mérito y capacidad. A los que habría que añadir un tercero de igual importancia, el principio de igualdad, según recoge la Constitución en su artículo 23.2. Estos dos son pues los pilares sobre los asentar cualquier procedimiento de selección de empleados públicos.

Principios para el acceso a la función pública

Ya hemos citado cuales son los tres principios que deben presidir los procesos de selección de funcionarios. Ahora bien, ¿cómo pueden las autoridades hacer que se cumplan? Estas son las fórmulas que se suelen aplicar:

1. Principio de capacidad

El principio de capacidad se garantiza sometiendo a los candidatos a las pruebas teóricas y/o prácticas que se consideren necesarias para comprobar el nivel de conocimientos y aptitudes de los participantes.

2. Principio de mérito

El principio de mérito se refiere más a que se acredite la cualificación que posee cada aspirante y que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria académica, laboral y personal. Para mejorar su baremo de méritos en las oposiciones, los candidatos presentan documentación de cursos, formación o publicaciones de sus trabajos, por ejemplo.

3. Principio de igualdad

El principio de igualdad es consecuencia de la aplicación de los dos anteriores, es decir, confluyendo el mérito y la capacidad, utilizando sistemas de valoración de ambos objetivos, se garantiza que todos los que se presentan lo hacen en las mismas condiciones. Por supuesto, no se pueden incluir baremos de acceso que generen discriminación o diferencia entre los ciudadanos que cumplen los requisitos que se establezcan para poder participar en cada convocatoria.

De lo descrito anteriormente, se concluye que debe asociarse la prueba de oposición con la demostración de las capacidades y la de concurso con la de méritos. Pero, las autoridades que convocan los procesos de selección de empleo público deben atenerse a ciertas normas a la hora de elaborar las pruebas de acceso o los criterios de valoración de méritos. Entre otros:

• No crear desigualdades arbitrarias: no puede limitar el acceso a determinadas personas.
• Las capacidades y méritos puntuables deben fijarse teniendo en cuenta la función que ese personal va a desempeñar.
• Los miembros de los tribunales de la oposición tienen que asegurar una competencia científica o técnica relacionada con las áreas que se ponen a prueba.

Otros principios para acceder a la función pública

En el Estatuto Básico del Empleado Público, además, se fijan otros principios que se deben respetar en las convocatorias de funcionarios (artículo 55), no menos importantes:

• Publicidad, respecto a las bases y fechas de las convocatorias que garantice la difusión y el conocimiento de estas a cualquier posible candidato. También respecto a los resultados de las oposiciones para que puedan producirse las reclamaciones pertinentes.
• Transparencia, en todo lo que se refiere al proceso y a la actividad de los órganos convocantes.
• Imparcialidad en los miembros de los tribunales calificadores.
• Independencia en las distintas actuaciones que lleven a cabo los órganos de selección
• Agilidad en la resolución de los procesos, sin que menoscabe la calidad y objetividad de los resultados.

La respuesta a ¿cuáles son los principios que rigen el acceso a la función pública?, es la base que nos asegura una oportunidad para entrar a formar parte de este colectivo.