¿La pérdida de la condición de funcionario público es siempre definitiva? La verdad es que, lo mejor es no tener que verse nunca afectado directamente por esta situación. En todo caso, al menos puede servir de estímulo saber que existen ejemplos de rehabilitación de la condición de funcionario. ¿Quieres conocerlos?
¿En qué consiste la rehabilitación de la condición de empleado público?
Hay que advertir a todo el mundo de que hablamos de un proceso que puede demorarse hasta que el funcionario alcance el objetivo final de ser rehabilitado en su puesto de trabajo. Siempre teniendo en cuenta que viene determinado por las causas que indujeron a la pérdida, ya que hay algunas que son más fáciles de subsanar:
- Nacionalidad: se puede solicitar en el momento que se recupera la española o se adquiere una que sea compatible con el puesto de empleo público que se desempeñaba con anterioridad
- Jubilación por incapacidad permanente: si desaparece el condicionante que provocaba esa incapacidad. Eso implica que exista la acreditación correspondiente del equipo médico con competencias para emitir esta valoración.
- Cumplimiento de pena de inhabilitación: al extinguirse la responsabilidad penal y civil correspondiente al delito que condujo a la condena. Debe solicitarse dentro de los plazos establecidos por la ley, si no queda extinguido el derecho a rehabilitación.
Procedimiento para la rehabilitación de la condición de funcionario
Para quienes se encuentren en cualquiera de las tres condiciones que permiten la solicitud de su rehabilitación como funcionarios, el proceso para conseguirlo es el mismo. Consta de tres etapas consecutivas en el tiempo:
1. Iniciación
El primer paso indispensable es que se solicite la rehabilitación. Siempre corre de cuenta del interesado y se debe hacer la petición por escrito, remitiéndola al órgano competente en cada caso. Deben constar obligatoriamente los siguientes datos: fecha y causa de la pérdida, todos los detalles del puesto de trabajo que se ocupaba (unidad, localidad, provincia, situación si no se estaba en servicio activo) y el supuesto al que se acoge para la rehabilitación. Se debe incluir cualquier detalle o circunstancia que se considere relevante.
Además, los acogidos al cambio de nacionalidad deben presentar la certificación literal del Registro Civil que demuestre la recuperación o cambio de nacionalidad.
Los sujetos al supuesto de incapacidad tienen que pedir que se le haga el correspondiente reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo equivalente, junto a cualquier documentación de su historial médico relevante.
Por su parte, los sancionados por condena de pena de inhabilitación han de documentar que la misma se ha cumplido, según los requisitos establecidos en el Código Penal.
2. Instrucción
El órgano instructor competente estudia la solicitud y puede pedir que se aporte información adicional si lo considera necesario, con un plazo de 10 días para que el interesado lo haga. En el caso de inhabilitación por incapacidad se dirigirá la petición de reconocimiento médico a la unida competente de la Administración.
Los casos de jubilación y nacionalidad tienen como único criterio que se entregue la documentación correspondiente para quedar resueltos con la rehabilitación.
En las inhabilitaciones por condena hay criterios orientativos para la concesión como los antecedentes, la gravedad del delito, el daño causado al servicio público, el tiempo transcurrido o la relación del delito con el puesto desempeñado. Además, se pueden solicitar informes a los responsables de la unidad donde trabajaba el condenado. EL interesado cuenta con 15 días para presentar alegaciones una vez que el instructor de respuesta al expediente.
3. Terminación
Cumplidos todos los trámites de la instrucción, se eleva el caso al órgano competente para la resolución. Hay un plazo máximo de 6 meses para emitirla o se considerará estimada.
Todos los ejemplos de rehabilitación de la condición de funcionario que agoten la vía administrativa pueden acudir a la contencioso-administrativa. En los aceptados, la reincorporación al puesto de trabajo debe producirse en un mes como máximo.