El artículo 23 de la Constitución española reconoce el derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes" así como "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
Según explica la Real Academia Española, los cargos públicos son "aquellos que se desempeñan en las Administraciones públicas o en los órganos constitucionales" (Congreso, Senado, Gobierno, Corona, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) y que "tienen carácter electivo o de confianza", a diferencia de los ocupados por los funcionarios públicos profesionales.
Características principales de un cargo público
Como ya hemos visto, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a un cargo público, si bien existen una serie de incompatibilidades para ejercer en la administración pública que conviene conocer previamente. En España, es posible obtener esta condición por medio de dos vías: por un lado, tras ser elegidos con la celebración de unas elecciones (sufragio pasivo) y, por otro lado, en el acceso al empleo público, es decir, tras la superación de una oposición o unas pruebas selectivas específicas.
En este sentido, es importante tener en cuenta que no se trata de que cualquier ciudadano pueda ostentar un cargo público por el mero hecho de serlo, sino que será el legislador y la autoridad legislativa competente quien dictamine los requisitos de exclusión a ciudadanos no aptos para el desempeño del cargo, así como las condiciones básicas que se deben cumplir para acceder a este puesto. Por ejemplo, no podrán optar a un puesto de cargo público aquellos ciudadanos que hayan sido inhabilitados o suspendidos para empleo público de acuerdo a la legislación penal y administrativa vigente.